Autoridades canadienses podrían crear impuesto de vigilancia en Internet.

Ministro de Seguridad Pública de Canada, Vic Toews.

Después de rechazar tres propuestas para lidiar con los gastos de vigilancia, el gobierno canadiense sigue sin dejar en claro cuál será su postura para poder subsidiar estos gastos que conlleva la propuesta de ley C-30, dicha propuesta permite acceder al historial de actividad en Internet de cualquier ciudadano sin necesidad de orden judicial alguna. Inicialmente se especifico que las autoridades no cubrirían los gastos.

Desde el 2009 se hacía presente la determinación por parte de los cuerpos de seguridad de que “no cubrirían los costos asociados durante su implementación”, por lo que optaron por proponer tres alternativas:

Las compañías de telecomunicaciones y proveedores de Internet facturarían los gastos a sus clientes como un cargo extra en su mensualidad.

El gobierno podría proporcionar créditos fiscales a las empresas de telecomunicaciones y proveedores de Internet.

El gobierno podría establecer una reserva de fondos federales para lidiar con los gastos.

Tales propuestas obtuvieron la rotunda negativa del gobierno, sin embargo la decena de millones de dólares que se requieren para costear dicha actividad de vigilancia en Internet sigue sumida en una gran incógnita.

Propuesta de ley con un sesgo de planeación que la soporte, que deja entre la espada y la pared a un gobierno quizás a punto de tomar una decisión demasiado severa, o ni si quiera cumpla las expectativas deseadas tras derrochar recursos valiosos.

Sin ignorar la otra parte del asunto, la privacidad, pudiera ser éste un pequeño respiro para contrarrestar el peso de la C-30 y sea abolida por si misma.

Fuente: Michael Geist